Principios humanitarios y derecho internacional humanitario

1¿Qué es la acción humanitaria?

La acción humanitaria tiene como objetivo salvar vidas, aliviar el sufrimiento y preservar la dignidad humana durante y después de las crisis: conflictos armados, desastres naturales, epidemias, crisis alimentarias, desplazamientos de población.

Se distingue de la ayuda al desarrollo (cambios a largo plazo, junto con las instituciones) y de las acciones de paz. En las crisis prolongadas se busca vincular mejor las tres: es el llamado enfoque del «nexo» humanitario-desarrollo-paz.

2Los cuatro principios humanitarios

Adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas (resoluciones 46/182 de 1991 y 58/114 de 2004) y derivados de los principios del Movimiento de la Cruz Roja:

• Humanidad: el sufrimiento humano debe ser aliviado dondequiera que se encuentre; se respeta la dignidad de cada persona.
• Neutralidad: no tomar partido en las hostilidades ni en controversias de orden político, racial, religioso o ideológico.
• Imparcialidad: la ayuda se presta únicamente en función de las necesidades, dando prioridad a los casos más urgentes, sin discriminación.
• Independencia: la acción humanitaria se mantiene autónoma respecto de los objetivos políticos, económicos o militares.

Estos principios no son abstractos: permiten ser aceptados por todas las partes y, por tanto, acceder a las personas necesitadas.

3El derecho internacional humanitario (DIH)

El DIH, o derecho de los conflictos armados, limita los efectos de la guerra. Sus fuentes principales son los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicionales, así como el derecho consuetudinario. El CICR es su guardián.

• Distinción: las partes deben distinguir siempre entre combatientes y civiles, y entre objetivos militares y bienes de carácter civil.
• Proporcionalidad: un ataque está prohibido si los daños civiles previstos son excesivos en relación con la ventaja militar.
• Precaución: tomar todas las medidas factibles para preservar a la población civil.
• Protección de los heridos, los enfermos, los prisioneros, el personal y las instalaciones sanitarias, y el personal humanitario.
• Las partes deben permitir y facilitar el paso rápido de la ayuda humanitaria imparcial destinada a la población civil (sin perjuicio de su derecho de control).

El DIH se aplica a los conflictos armados. Los derechos humanos se aplican en todo momento, y el derecho de los refugiados (Convención de 1951) protege a las personas que han huido de su país. Las personas desplazadas dentro de su propio país están amparadas por los Principios Rectores de 1998.

4Dilemas cotidianos

Aplicar los principios exige criterio. Ejemplos frecuentes:

• Un grupo armado exige un «impuesto» sobre la ayuda para dejar pasar los camiones.
• Una autoridad quiere elaborar ella misma la lista de beneficiarios.
• El ejército ofrece una escolta o distribuir la ayuda junto con ustedes.
• Un donante quiere limitar la ayuda a ciertos grupos por razones políticas.

En cada caso hay que preguntarse: ¿la decisión respeta las necesidades (imparcialidad), mantiene nuestra distancia con las partes (neutralidad, independencia) y protege nuestra aceptación a largo plazo? Estas decisiones se toman en equipo y con la dirección, nunca en solitario.

5De los principios al proceso de decisión: un método operativo

Los cuatro principios no son una declaración de intenciones colocada en la primera página de una propuesta. Para una organización sobre el terreno, son una herramienta de decisión que debe movilizarse en cada elección sensible: dónde intervenir, a quién atender, con quién negociar, qué financiación aceptar, qué visibilidad mostrar. Para ello hay que saber de dónde proceden, cómo se articulan entre sí y quién, dentro de la organización, tiene la autoridad para aplicarlos.

Las fuentes y su alcance

• Los siete Principios Fundamentales del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Viena, 1965): humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, unidad y universalidad. Es la matriz histórica; el comentario de Jean Pictet sigue siendo la referencia para su interpretación.
• La resolución 46/182 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (1991) consagra la humanidad, la neutralidad y la imparcialidad, y establece que la asistencia se presta, en principio, con el consentimiento del Estado afectado y sobre la base de una solicitud de este. La resolución 58/114 (2004) añade la independencia.
• El Código de Conducta relativo al socorro en casos de desastre para el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y las organizaciones no gubernamentales (ONG) (1994) traduce estos principios en diez compromisos, entre ellos el imperativo humanitario, la ayuda sin distinción de raza, credo o nacionalidad, la negativa a actuar como instrumento de la política exterior de los gobiernos y el respeto de las culturas locales. La mayoría de las ONG internacionales lo han suscrito; numerosos donantes exigen la adhesión a él.
• La Norma Humanitaria Esencial (CHS) y la Carta Humanitaria del Manual Esfera retoman estos principios y los vinculan con compromisos de calidad verificables.

Una jerarquía funcional

Los profesionales suelen distinguir dos niveles. La humanidad es la finalidad; la imparcialidad es la regla de asignación de la ayuda (no discriminación, proporcionalidad a las necesidades, prioridad a los casos más urgentes). La neutralidad y la independencia son medios operativos: sirven para ganarse la confianza de las partes y, por tanto, el acceso. Esta distinción tiene consecuencias prácticas. Una organización denominada «multimandato», que también realiza incidencia pública o trabajo de desarrollo con el Estado, puede no reivindicar una neutralidad estricta, pero nunca puede renunciar a la imparcialidad en la distribución de la asistencia.

Imparcialidad no es igualdad. Distribuir la misma cantidad a todo el mundo no es imparcial si las necesidades son distintas. La imparcialidad exige un análisis de necesidades documentado, criterios de focalización explícitos y la capacidad de justificar, con cifras, por qué se atendió a un grupo antes que a otro.

El método de decisión en seis pasos

Ante un dilema (exigencia de una autoridad, oferta de escolta, condición de un donante), un equipo experimentado aplica un proceso breve pero trazable. Plazo habitual: de 24 a 72 horas para una decisión operativa, de una a dos semanas para una decisión estratégica (entrada en una zona, aceptación de una financiación).

1. Establecer los hechos (responsable de base o jefe de proyecto): quién pide qué, desde cuándo, a quién más se ha hecho la misma petición, cuáles son las consecuencias inmediatas de una negativa. Se distingue lo verificado de lo que se ha oído.
2. Identificar los principios y las normas en juego (jefe de proyecto con el coordinador de programas): qué principios se ven afectados, qué políticas internas se aplican (lucha contra el fraude, antiterrorismo, protección de datos, salvaguarda), qué cláusulas del contrato con el donante.
3. Consultar: equipo nacional (que conoce las dinámicas locales y a menudo soporta sus riesgos), foro de ONG, clúster correspondiente, OCHA (unidad de acceso), donante si hay una cláusula contractual en juego. Se comprueba si ya existe una posición común.
4. Formular al menos tres opciones, entre ellas la opción «no intervenir» o «suspender», cada una evaluada según cuatro criterios: efecto sobre las personas afectadas, efecto sobre la aceptación a medio plazo, riesgo para el personal, riesgo jurídico y reputacional.
5. Decidir en el nivel adecuado: la delegación de autoridad debe constar por escrito. Por regla general, un pago, una concesión sobre la focalización o la aceptación de una escolta corresponden al jefe de misión, a menudo tras consultar con la sede.
6. Documentar y revisar: la decisión, sus motivos, las opciones descartadas y la fecha de revisión se anotan en un registro. Una concesión aceptada «excepcionalmente» se convierte pronto en norma si no se revisa.

El riesgo principal no es la gran decisión espectacular, sino la acumulación de pequeñas concesiones (una lista algo sesgada, un conductor impuesto, un porcentaje de víveres «para la seguridad») que, sumadas, convierten a la organización en parte del sistema de control de un actor armado. El registro de decisiones es el único medio de ver esta deriva.

6El DIH aplicado: calificación, normas operativas y marcos complementarios

Un trabajador humanitario no es jurista, pero debe saber qué derecho se aplica allí donde trabaja, porque ello determina las obligaciones de las partes hacia la población y hacia él mismo, así como los argumentos que podrá movilizar en una negociación.

Paso 1: calificar la situación

En un mismo país pueden coexistir varias calificaciones: un CANI en una región, una ocupación en otra, disturbios en otro lugar. La calificación jurídica oficial corresponde a los juristas (CICR, asesores jurídicos de la organización), pero el equipo debe conocer la posición adoptada.

Paso 2: las normas que afectan directamente a la acción humanitaria

• Consentimiento y paso de la ayuda: el socorro imparcial está sujeto al consentimiento de las partes interesadas (Protocolo adicional I, artículo 70; Protocolo adicional II, artículo 18), pero ese consentimiento no puede denegarse de manera arbitraria. Una vez aceptado el socorro, las partes deben permitir y facilitar su paso rápido y sin trabas, conservando un derecho de control (inspección, itinerarios, horarios). Norma 55 del estudio del CICR sobre el derecho consuetudinario.
• Potencia ocupante: obligación de garantizar el abastecimiento de la población en víveres y suministros médicos (IV Convenio, artículo 55) y, si no lo consigue, de aceptar las acciones de socorro (artículo 59).
• Personal y bienes de socorro: el personal humanitario debe ser respetado y protegido (norma 31), al igual que los bienes utilizados para el socorro (norma 32). La libertad de circulación del personal autorizado solo puede restringirse temporalmente y en caso de necesidad militar imperiosa (norma 56).
• Hambruna: está prohibido utilizar el hambre como método de guerra (norma 53) y atacar, destruir o inutilizar los bienes indispensables para la supervivencia de la población, como alimentos, cultivos, ganado o instalaciones de agua potable (norma 54). La resolución 2417 (2018) del Consejo de Seguridad pide al Secretario General que informe de los riesgos de hambruna vinculados a los conflictos. Hacer padecer hambre a la población civil es un crimen de guerra en virtud del Estatuto de Roma, también en los CANI desde la enmienda de 2019.
• Misión médica: protección de los heridos y enfermos, del personal, de las unidades y de los medios de transporte sanitarios (normas 25 a 30), prohibición de castigar a un profesional sanitario por haber prestado asistencia conforme a la deontología. Resolución 2286 (2016) del Consejo de Seguridad sobre la protección de la atención de la salud en los conflictos armados.
• Personal humanitario: la resolución 2730 (2024) del Consejo de Seguridad recuerda las obligaciones de los Estados en materia de protección del personal humanitario y de las Naciones Unidas, incluido el personal contratado localmente.

Paso 3: los marcos complementarios

• Derechos humanos: aplicables en todo momento, con posibles suspensiones de algunos derechos en situaciones de emergencia, nunca del núcleo inderogable (vida, prohibición de la tortura y de la esclavitud).
• Derecho de los refugiados: Convención de 1951 y Protocolo de 1967; principio de no devolución (artículo 33); en África, Convención de la OUA de 1969, que amplía la definición a las personas que huyen de acontecimientos que perturban gravemente el orden público; en América Latina, Declaración de Cartagena (1984).
• Desplazamiento interno: Principios Rectores de 1998 (no vinculantes pero ampliamente reconocidos) y, en África, la Convención de Kampala (2009, en vigor desde 2012), primer instrumento regional vinculante sobre las personas desplazadas internas.
• Regímenes de sanciones y lucha contra el terrorismo: la resolución 2664 (2022) del Consejo de Seguridad crea una excepción humanitaria transversal en los regímenes de sanciones de las Naciones Unidas para los fondos y recursos necesarios para la asistencia humanitaria. No obstante, las legislaciones nacionales y las cláusulas de los donantes deben verificarse caso por caso.

En una negociación, no se citan los artículos como quien blande un código penal. Se moviliza el derecho como referencia compartida («sus propias normas dicen que los heridos deben ser atendidos sin distinción») y se reserva la calificación jurídica precisa para los intercambios por escrito y el diálogo con las autoridades.

7Ejemplo completo: tres dilemas en seis semanas en el distrito de Valmora

Contexto ficticio. El distrito de Valmora, en un país afectado desde hace cuatro años por un conflicto armado no internacional, cuenta con 186 000 habitantes y 41 000 personas desplazadas internas repartidas en 14 sitios. La ONG internacional ficticia «Ayuda Común» lleva a cabo allí un programa de seguridad alimentaria y de agua, saneamiento e higiene (WASH) financiado por un fondo humanitario de país y un donante europeo: distribuciones de víveres o de cupones para 6200 hogares al mes y rehabilitación de 18 puntos de agua. El norte del distrito (tres municipios, unos 52 000 habitantes) está controlado por un grupo armado no estatal ficticio, el «Frente del Valle». La cabecera del distrito está en manos del ejército nacional.

Semana 1: la «contribución» en el puesto de control

En el puesto de control de Kessa, un comandante local del Frente exige el 3 % de los víveres de cada convoy «para la seguridad de la ruta». El conductor del transportista contratado ya dejó dos sacos en el paso anterior sin informar de ello. La pérdida equivaldría a unas 5,4 toneladas de cereales al mes, es decir, la ración de 360 hogares.

Hechos establecidos por el responsable de base en 48 horas: la petición se ha hecho a otras dos ONG, que la rechazaron; el comandante no cuenta con el aval explícito de su jerarquía política, con la que se puede contactar a través de un intermediario; la población del norte no ha recibido ninguna distribución desde hace 37 días; la última evaluación rápida muestra un 41 % de hogares con un consumo de alimentos «pobre».

Decisión del jefe de misión tras consultar con la sede: opción C. Notificación del incidente (pérdida de los dos sacos) al donante en un plazo de 48 horas, conforme al contrato. El transportista recibe una advertencia por escrito y se añade al contrato una cláusula de tolerancia cero. El foro de ONG adopta una declaración común de una página: ninguna organización paga gravámenes sobre la asistencia. Al cabo de 19 días, la jerarquía del Frente acepta el paso sin gravamen a cambio de dos compromisos que no ponen en entredicho los principios: notificación de los movimientos con 48 horas de antelación y presentación de los criterios de focalización a los líderes comunitarios.

Semana 3: la lista de las autoridades

En la cabecera del distrito, el prefecto entrega una lista de 1900 hogares «vulnerables» y pide que sustituya al registro de la ONG. Un control por muestreo (120 hogares elegidos al azar, visitas domiciliarias) muestra que el 34 % de los hogares de la lista no cumple ningún criterio de vulnerabilidad, que el 11 % no es identificable y que los hogares encabezados por mujeres desplazadas están infrarrepresentados (9 % de la lista frente al 27 % en el perfil elaborado por el clúster).

Respuesta: el equipo no rechaza la lista públicamente, lo que humillaría al prefecto. Propone utilizarla como una fuente entre otras, contrastada con el registro comunitario y una verificación en los hogares, con un comité de focalización mixto (representantes de los desplazados, mujeres, jefes de barrio, servicios sociales del Estado). Los resultados del control se presentan en privado, sin nombrar a nadie, apoyándose en los criterios validados por el clúster de seguridad alimentaria. El prefecto obtiene lo que le importa: estar asociado al proceso y poder decirlo. La organización conserva el control de los criterios y de la verificación, que es su línea roja.

Semana 6: la oferta de escolta y la financiación con visibilidad

El ejército propone escoltar los camiones hacia un municipio recuperado recientemente. Al mismo tiempo, un donante bilateral ofrece 600 000 euros adicionales a condición de colocar su bandera en los camiones y los sacos. El análisis cruzado muestra que el municipio sigue en disputa, que el Frente ha declarado «objetivos legítimos» los vehículos asociados al ejército y que no hay ninguna otra organización presente. El equipo recomienda rechazar la escolta (no se cumplen los criterios de último recurso: todavía no se ha negociado un acceso sin armas) y pedir al donante una exención de visibilidad por motivos de seguridad, posible con la mayoría de los donantes institucionales. El donante acepta una visibilidad limitada a los informes y a las comunicaciones fuera del país.

El registro de decisiones al término de las seis semanas

Lo que distingue una respuesta profesional no es haber «resistido» en todo, sino haber distinguido lo que era negociable (preaviso de movimientos, asociación de las autoridades, visibilidad) de lo que no lo era (gravamen sobre la ayuda, control de la focalización, asociación con las fuerzas armadas), y haberlo documentado.

8Herramientas reutilizables: matriz de dilemas, registro y control de cumplimiento

Matriz de análisis de un dilema (una página)

Lista de verificación del cumplimiento de los principios en una intervención

• ¿Están los criterios de focalización por escrito, basados en un análisis de necesidades, explicados a la comunidad y aplicados por la organización (y no delegados en una autoridad o en un actor armado)?
• ¿Se eligen las zonas de intervención según la gravedad de las necesidades y no según la facilidad de acceso o las preferencias de un donante? ¿Se justifican por escrito las zonas excluidas?
• ¿Existe una política escrita sobre los pagos a actores armados, las escoltas, el uso de medios militares y la visibilidad?
• ¿Conocen estas políticas el personal nacional y los socios, y saben a quién trasladar una petición?
• ¿Están las fuentes de financiación lo bastante diversificadas como para poder rechazar una condición contraria a los principios?
• ¿Se han revisado las comunicaciones públicas (fotos, declaraciones, redes sociales) desde el punto de vista de la neutralidad y la seguridad?
• ¿Se lleva un registro de los incidentes de acceso y de las decisiones de principio, revisado al menos una vez por trimestre?

Matriz de percepción (aceptación)

Debe completarse durante el análisis de contexto y después cada seis meses, para cada actor significativo (autoridades, grupos armados, líderes comunitarios, grupos marginados, medios de comunicación locales).

Ficha de «argumentario de principios» para el personal sobre el terreno

Resulta útil preparar, en el idioma local, cuatro o cinco frases sencillas que cualquier miembro del equipo pueda decir en un puesto de control o en una reunión comunitaria: «Ayudamos a las personas solo según sus necesidades, sea cual sea su bando»; «No podemos entregar una parte de la ayuda, porque pertenece a las familias que la necesitan»; «Hablamos con todos los que influyen en la vida de la gente de aquí, sin tomar partido»; «No puedo decidir yo solo, voy a trasladar su petición a mi dirección». La última frase es la más importante: protege al trabajador y evita compromisos improvisados.

9Variaciones según el contexto y errores frecuentes

Adaptar la aplicación de los principios al contexto

Errores frecuentes sobre el terreno

• Confundir neutralidad y silencio: la neutralidad prohíbe tomar partido, no denunciar violaciones por los canales adecuados (CICR, clúster de protección, mecanismos confidenciales). La elección entre incidencia pública y diálogo confidencial responde a una estrategia, no a un reflejo.
• Confundir imparcialidad e igualdad, o presentar una focalización como imparcial sin datos de necesidades desglosados por zona, sexo, edad y discapacidad.
• Dejar que el trabajador sobre el terreno decida solo en el puesto de control. Toda petición fuera del procedimiento debe trasladarse hacia arriba, con una frase tipo que proteja al trabajador.
• Negociar por separado: cuando cada ONG acepta su propia pequeña concesión, el actor armado obtiene la suma de todas. Las posiciones comunes (foro de ONG, Equipo Humanitario de País, grupo de trabajo sobre acceso) son más sólidas.
• Utilizar vocabulario militar o político en las comunicaciones («zonas liberadas», «terroristas», «fuerzas amigas»), lo que basta para arruinar la percepción de neutralidad.
• Ignorar la historia de la organización: los actores locales juzgan a la organización por lo que ha hecho en otros lugares, a veces en otro país, y por su financiación.
• No dejar nada por escrito: sin registro, es imposible justificar una decisión ante un donante, un auditor o un tribunal, e imposible aprender.

Lo que examinan los donantes, los evaluadores y los auditores

• Los donantes verifican la existencia de políticas escritas (lucha contra el fraude y la corrupción, antiterrorismo, salvaguarda, protección contra la explotación y el abuso sexuales), la notificación rápida de los incidentes (a menudo en un plazo de 48 a 72 horas ante una sospecha de fraude o desvío) y la coherencia entre el análisis de necesidades y la focalización.
• Los evaluadores utilizan a menudo el criterio de coherencia (en el sentido del CAD de la OCDE y de la guía de ALNAP) para valorar el respeto de los principios: ¿ha sido la intervención coherente con los principios humanitarios y el DIH? Buscan pruebas de análisis de percepción, de tratamiento de los dilemas y de consulta a las comunidades.
• Los auditores se interesan por las pérdidas en tránsito, los pagos no justificados («facilitación», «derechos de paso»), las listas de beneficiarios y la trazabilidad de las decisiones excepcionales.
• Los verificadores de la CHS examinan, en particular, el compromiso con la calidad y la imparcialidad de la ayuda y la capacidad de la organización para detectar y reducir los efectos negativos de su acción.

Un desvío notificado espontáneamente, analizado y corregido rara vez es fatal para una organización. Un desvío descubierto por una auditoría o por la prensa, sin rastro de análisis ni de notificación, a menudo lo es.

10Preguntas de entrevista y referencias clave

Preguntas de entrevista

1. «Explique la diferencia entre neutralidad e imparcialidad, con un ejemplo sobre el terreno».

Una buena respuesta define la imparcialidad como una regla de asignación de la ayuda (según las necesidades, sin discriminación, con prioridad para los casos más urgentes) y la neutralidad como una postura frente a las partes (no tomar partido). Ofrece un ejemplo concreto: atender una zona controlada por la oposición y una zona gubernamental según la gravedad medida de las necesidades (imparcialidad), sin hacer declaraciones públicas que acusen a una de las partes ni utilizar escolta armada (neutralidad). Puede añadir que una organización multimandato puede matizar la neutralidad, pero nunca la imparcialidad.

2. «Un comandante exige una parte de la ayuda para dejar pasar su convoy. ¿Qué hace usted?»

La respuesta esperada no es «me niego y me voy», ni «pago para salvar vidas». Describe un proceso: no decidir solo sobre el terreno, establecer los hechos, consultar a la dirección, a las demás ONG y a OCHA, evaluar las opciones, entre ellas la suspensión temporal, buscar a la jerarquía del interlocutor, construir una posición común, informar al donante y documentar. Menciona las políticas de lucha contra el desvío y los regímenes de sanciones.

3. «¿Se aplica el DIH en un país afectado por un terremoto?»

No, salvo que exista además un conflicto armado. Se aplican el derecho interno, los derechos humanos y, como referencia, las directrices IDRL. La buena respuesta demuestra que el candidato sabe calificar una situación y no aplica el DIH en todas partes.

4. «¿Qué obligaciones impone el DIH a las partes en materia de acceso humanitario?»

Consentimiento necesario, pero que no puede denegarse arbitrariamente; obligación de permitir y facilitar el paso rápido y sin trabas del socorro imparcial; derecho de control; respeto y protección del personal y de los bienes de socorro; libertad de circulación del personal; prohibición de hacer padecer hambre a la población civil. Un candidato sólido cita los Protocolos adicionales o el estudio del CICR sobre el derecho consuetudinario y la resolución 2417.

5. «Un donante pide verificar que los beneficiarios no figuran en listas de sanciones. ¿Cómo reacciona usted?»

Distinguir el cribado del personal, los proveedores y los socios (práctica normal) del de los beneficiarios finales (contrario a la imparcialidad y rechazado por la mayoría de los actores humanitarios). Mencionar la resolución 2664 y la conveniencia de negociar la cláusula antes de la firma, con el apoyo de la sede y de las redes de ONG.

6. «Cuéntenos una situación en la que haya tenido que defender un principio humanitario». (pregunta conductual)

Se aplica el método STAR: situación concreta, cuestión de principio identificada, acción personal (consulta, argumentario, escalamiento), resultado medible y lo que el candidato haría de otro modo. Los reclutadores desconfían de los relatos heroicos sin consulta a la jerarquía.

Referencias clave

• Convenios de Ginebra de 1949 y Protocolos adicionales de 1977; estudio del CICR sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario (2005) y su base de datos.
• Resoluciones 46/182 (1991) y 58/114 (2004) de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
• Resoluciones 2286 (2016), 2417 (2018), 2664 (2022) y 2730 (2024) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
• Código de Conducta relativo al socorro en casos de desastre para el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y las organizaciones no gubernamentales (1994).
• Jean Pictet, Los Principios Fundamentales de la Cruz Roja: comentario, CICR.
• Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y Protocolo de 1967; Convención de la OUA de 1969; Principios Rectores de los Desplazamientos Internos (1998); Convención de Kampala (2009).
• Directrices sobre la facilitación y reglamentación nacionales de las operaciones internacionales de socorro en casos de desastre y asistencia para la recuperación inicial (Federación Internacional, 2007).
• OCHA, Los principios humanitarios (ficha de referencia); Consejo Noruego para Refugiados (NRC) y OCHA, estudio sobre el impacto de las medidas antiterroristas en la acción humanitaria.
• Manual Esfera (2018): Carta Humanitaria y principios de protección; Norma Humanitaria Esencial (2024).
• Hugo Slim, Humanitarian Ethics: A Guide to the Morality of Aid in War and Disaster (2015).